Aquí la entrevista a Mon Laferte que habla con Patria Janiot de la crisis política que se vive en Chile en Univisón.

 

Los últimos resultados de la Encuesta Pulso Ciudadano, válidos por el mes de noviembre, arrojaron que la aprobación del presidente Sebastián Piñera se desplomó a mínimos históricos y que esta alcanzó solo un 4,6%. Esto corresponde a una baja de 4,5% en comparación a la medición de octubre.

Por el contrario, la desaprobación a su mandato llegó al 78,1%, lo que representa un incremento de 17% si se observan los datos de octubre, cuando un 61,1% de los entrevistados por Pulso Ciudadano indicó oponerse a su trabajo.

En tanto, e independiente de su posición política, un 15,2% afirmó no aprobar ni desaprobar la manera en la cual el jefe de Estado está conduciendo su segunda administración. Por otro lado, un 2,1% no respondió la pregunta.

 

Dentro de las razones que sus seguidores entregaron para apoyar su figura, la encuesta recogió palabras como “liderazgo”, “medidas” y “economía”.

Por otro lado, sus detractores fundamentaron su postura utilizando palabras como “respuesta crisis”, “liderazgo crisis” y “escucha demandas”, entre otras.

Pero el gabinete de ministros también enfrenta una compleja situación en materia de aprobación, la que pasó de 5,7% a 3,5%, con una desaprobación del 75.9%, 10,3% más que en octubre.

 

Proceso constituyente

Dentro de los apartados de esta encuesta Pulso Ciudadano, la medición recabó información relativa al proceso constituyente que partió tras el acuerdo político del viernes 15 de noviembre.

A diferencia de un estudio especial llevado a cabo tras el pacto de las fuerzas políticas, el porcentaje de chilenos que afirma querer una nueva Constitución bajó del 81,1% al 77,2%.

Con respecto al órgano a cargo de confeccionar la nueva Carta Magna, de ganar tal opción en el plebiscito de abril de 2020, un 58,3% dijo preferir una Convención Constitucional, sinónimo de Asamblea Constituyente.

En tanto, un 26,5% señaló optar por una Convención Mixta Constitucional, la opción que propone una fórmula que incorpora 50% de políticos.

En cuanto a la intención de voto, un 80,8% respondió estar seguro o muy seguro que votará en tal referendo. Un 10,4% dijo no estar seguro y un 8,8% adelantó que no acudirá a tales comicios.

Marco de entendimiento social

La madrugada del jueves 21 de noviembre, el Senado y el Gobierno alcanzaron un “marco de entendimiento social”, el que abarcó un aumento de las pensiones básicas, reducción en tarifas en el transporte para adultos mayores, un alza de $6.494 a $7.200 en el per cápita en atención primaria de salud, crear un portal para que las personas le compren directamente a la Cenabast y un ingreso mínimo garantizado de $350 mil.

Por cada aspecto, los encuestados dijeron aprobar tales disposiciones en un 68,3%, 60,2%, 41,5%, 28,8% y 24,7%, respectivamente.

FFAA e infraestructura

El 26 de noviembre, Piñera envió al Congreso, y con suma urgencia, el proyecto para que las Fuerzas Armadas (FFAA) resguarden infraestructura crítica del país, como por ejemplo centrales eléctricas, estaciones de agua potable y antenas de telecomunicaciones, sin la necesidad de decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.

Al respecto, un 38,1% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con la iniciativa, lo que se contrapuso al 48% que afirmó oponerse a la idea.

Panorama económico

Consultados por el avance del país, un 62,2% admitió pensar que Chile recorre la senda equivocada. Solo un 15,5% dijo sentir que vamos por la dirección correcta.

En relación al progreso de Chile, solo un 12,3% consideró que el país va prosperando. Un 37,5% dijo que vamos en retroceso y un 47,3% afirmó que estamos estancados.

Finalmente, un 20,3% de los encuestados calificó la actual situación de país como muy mala, un 33,3% como mala, un 35,2% como regular y solo un 10% como buena o muy buena.

Candidatos presidenciales

Esta versión de Pulso Ciudadano también trajo un apartado de candidatos presidenciales, en el cual se le preguntó a los encuestados, a su parecer, quién será el próximo presidente de Chile.

Ninguna de las figuras que apareció en la lista superó el 10% de manera individual. No obstante, las opciones “otros”, “no sé” y “ninguno” sumaron un 49.4%.

El político que se quedó con el primer lugar fue el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, con un 9,5% de las preferencias (13,7% en octubre y 14% en septiembre).

En segundo lugar quedó Beatriz Sánchez, con un 9,2% de las respuestas (11,9% en octubre y 13,4% en septiembre).

El tercer lugar fue para Franco Parisi, quien pasó de no aparecer en la consulta de septiembre, a aglutinar un 0,3% de apoyo en la de octubre y un 8,2% en la encuesta de noviembre. Los resultados de la Encuesta Criteria, publicados el jueves, le dieron un 8% de las preferencias.

Tras el economista quedaron José Antonio Kast (7,7), Michelle Bachelet (3,7%), Daniel Jadue (3,6%), Alejandro Guillier (3,4%), Leonardo Farkas (2,9%) y Manuel José Ossandón (2,4%).

 

"Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de Derechos Humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas".

Eso es lo que aseveran las primeras líneas del informe de Human Rights Watch (HRW) que detalla lo que pudieron observar en nuestro país a partir del 18 de octubre, cuando una serie de manifestaciones e incidentes comenzaron en Chile.

El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, entregó los detalles del informe luego de reunirse con el Presidente Sebastián Piñera durante la mañana.

En el texto con las conclusiones de la observación se afirma que "hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas"

 

En Cadena Nacional, el abogado Mauricio Daza y su pizarra nos explicará las últimas novedades del caso SQM luego de que la minera esté barajando la opción de pagar 2 mil 600 millones de pesos al Fisco con el fin de evitar un juicio oral. También conversaremos de la reciente compra del 50% del proyecto de litio Mt. Holland en Australia por parte de SQM y de la “cesión de control” de la empresa por parte de Julio Ponce Lerou para destrabar el conflicto entre SQM y Corfo por el Salar de Atacama. ¿Cuál es la importancia de que el litio sea explotado por el Estado? ¿Es este mineral nuestro cobre del futuro?

Porque las y los ciudadanos lo exigen, La Franja de Daza llega con pizarra a Cadena Nacional para explicar en detalle los puntos más conflictivos del acuerdo por la paz y una nueva constitución. ¿Cómo serán elegidos los constituyentes de una posible Convención Constitucional? ¿Qué es el quórum de 2/3? Revisa la conversación del abogado Mauricio Daza junto a Iván Guerrero.

Como Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) nos hemos enterado que ayer, 26 de noviembre, último día para despachar la ley de presupuesto del año 2020, la Cámara de Diputados aprobó una indicación remitida de manera sorpresiva por el Gobierno de Piñera que elimina la obligación  de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de todos los proyectos de embalse, es decir de obras artificiales que busquen acopiar aguas de un volumen entre 50 y 300 mil metros cúbicos.

La glosa aprobada se justifica en que “considerando la situación excepcional de escasez hídrica, la Comisión Nacional de Riego podrá permitir la postulación a concursos de la ley N°18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro y sin que estos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente”.

Esto se aplicaría, tanto a proyectos ya ejecutados como por ejecutar, con fondos públicos, y también a aquellos que sean de exclusiva responsabilidad privada.

En el fondo, se está abriendo un inmenso forado a nuestra, ya precaria, institucionalidad ambiental, a través de una ley referida a otra materia y con argumentos falaces.

Lamentablemente, la medida fue aprobada en la Cámara de Diputados por mayoría, donde un grupo significativo de parlamentarios de oposición, que durante estos últimos 40 días declaran y rasgan vestiduras con sus proclamas de apoyar a los  diversos movimientos ciudadanos, que se movilizan de mil maneras en las calles exigiendo pleno respeto a los derechos sociales conculcados  por más de 40 años, incluidos los derechos que buscan resguardar y proteger el medio ambiente.  Específicamente, la indicación conto con 97 votos a favor que incluyo el vergonzoso apoyo de 12 diputados del PS, 7 de la DC, 6 del PPD y 6 del PR. Solo 42 diputados se pronunciaron en contra.

Esto implica derogar de un plumazo el artículo de 10 letra a) de la Ley N°19.300 y el artículo 294 del Código de Aguas, que ya son extremadamente permisivos, pero al menos exigían la intervención y aprobación del Director General de Aguas, cuando se trata de embalses con capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 mts. de altura. De manera de que su ingreso al SEIA, cuando había por ejm. desplazamiento de comunidades, sería como Estudio, abriendo la posibilidad de que comunidades de campesinos o agricultores hacer valer sus objeciones u observaciones.

Todo esto ha quedado sepultado. Y la situación se ve aún más agravada, al constatar que la mayoría de los embalses que se proyecta construir, seria vía ley de concesiones, o sea obras públicas en cuanto a construcción con fuertes subsidios estatales, pero de completo beneficio privado centrado en la gran agroindustria exportadora. Algo similar a lo acontecido con las concesiones de autopistas a lo largo de todo el territorio del país. 

Con una justificación absurda se pretende otorgar manga ancha a los grandes empresarios de la agroindustria para construir infraestructura con generoso subsidio público, pero sin ninguna supervisión técnica y ambiental por parte de los servicios sectoriales especializados. Es fácil imaginarse como estos empresarios agrícolas se aprovecharan de la oportunidad, dejando a las comunidades,  a las próximas generaciones y a los frágiles ecosistemas en una completa indefensión. Con esta actitud el Presidente Piñera nuevamente muestra las garras de un completo depredador solo preocupado de otorgar más regalías a los poderosos grupos económicos.

Un cálculo rápido permite señalar que cerca de 9 de los 20 embalses ya existentes se podrán aprovechar de esta norma aprobada sin debate alguno. Y a esto hay que sumar todos las obras que están en carpeta, como es el caso del Embalse el Durazno en la comuna de Combarbalá que hasta ahora ha sido exitosamente resistido por la comunidad local justamente a través de sus observaciones incorporadas dentro del SEIA del proyecto.

Ante esta situación como organización socioambiental que promueve y defiende los derechos socio ambientales nos revelamos, y exigimos paralizar la profundización de la agenda neoliberal pro inversión en un momento en que la ciudadanía sigue planteando un categórico rechazo al modelo imperante, principal responsable de los males que la aquejan al país, sus comunidades y el medioambiente.

Lucio Cuenca Berger, Director Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

Gentileza: https://prensaopal.cl/2019/11/27/gobierno-y-sectores-opositores-dan-espaldarazo-a-la-agroindustria/

La partida del Ministerio de Defensa Nacional de Chile correspondiente al proyecto de Ley de Presupuesto 2020 fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado con una disminución de 33,8 millones de dólares en gastos corrientes y 9,9 millones en iniciativas de inversión.

La partida presupuestaria para el Ministerio de Defensa y los 16 capítulos que la integran experimentó una reducción del 5% en el Subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo además de rebajas en la adquisición de activos no financieros y proyectos.

El Poder Ejecutivo introdujo una serie de modificaciones al texto original con el propósito de efectuar reasignaciones dentro del presupuesto ya ingresado a discusión en el Congreso Nacional para financiar la Agenda Social que el Gobierno de Chile implementará para enfrentar la crisis social que afecta al país.

Como publicó Infodefensa.com, el proyecto de Ley de Presupuestos 2020 para las Fuerzas Armadas y organismos relacionados presentado por el Gobierno contemplaba una partida consolidada estimada en 3.000 millones de dólares para la financiación de gastos generales anuales como sueldos, bienes de consumo y todos aquellos servicios que permiten su operatividad.

Estos recursos se asignarán en un 29% al Ejército, 22% a la Armada, 14% a la Fuerza Aérea, 16% a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), 10% a Organismos de Salud, 6% a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) y 3% a otros organismos relacionados.

La sala del Senado analizará y votará este miércoles las ocho partidas pendientes del proyecto de Ley de Presupuesto 2020 del Sector Público de Chile. El documento debe ser aprobado antes del 30 de noviembre.

Recortes en las Fuerzas Armadas

El Ejército de Chile disminuirá bienes y servicios de consumo en aproximadamente siete millones y la adquisición de activos no financieros en más de 50.000. De esta última cifra recortará en 18.000 la compra de maquinaria, en 15.000 equipos computacionales y en 35.000 la adquisición de otros activos no financieros

Como parte de los rebajas, el Ejército de Chile no adquirirá el equipo que tenía previsto para la expedición al Glaciar Unión que consideraba cuatro carpas refugios, un drón explorador y equipo computacional resistente a temperaturas bajas.

La Armada de Chile recortará en 17 millones la compra de bienes y servicios de consumo y en 3,6 millones la adquisición de activos no financieros. Respecto a vehículos, la institución destinará 21.000 en vez de los 963.000 contemplados en el texto orginal del proyecto de Ley de Presupuesto 2020.

En materia de inversiones, la Marina de Chile rebajará los recursos del proyecto Rendic en aproximadamente dos millones. El monto corresponde a la segunda etapa de la construcción de viviendas fiscales en Puerto Montt para el escalafón de Gente de Mar. La cantidad recortada será desfasada para el 2021.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) destinará a la compra de bienes y servicios de consumo 81 millones y a la adquisición de activos no financieros 4,1 millones.  Respecto a este último concepto, la institución dispondrá de 641.000 en vez de 2,8 millones para la renovación de vehículos. Además disminuirá la compra de maquinaria a 776.000, equipos informáticos a 700.000 y otros activos no financieros a 67.000.

Gentilieza: https://www.infodefensa.com/latam/2019/11/20/noticia-congreso-chile-aprueba-presupuesto-defensa.html

 

Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional hoy al término de una misión de investigación en el país. 

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”. 

La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes 

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2,300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía ha registrado más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1,600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves.

Las manifestaciones en Chile dieron inicio a mediados de octubre tras el aumento en la tarifa del transporte público y se extendieron para exigir una sociedad más justa donde el Estado garantice derechos como la salud, el agua, la educación de calidad y la seguridad social, en un país sumamente desigual.

Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial.

La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas. Tanto el mando que decidió utilizar al Ejército para el control de manifestaciones con uso de armamento letal, como aquellos oficiales que dispararon contra las personas que se manifestaban, y que les causaron la muerte o hirieron de gravedad, deben ser investigados y, de hallarse pruebas suficientes en su contra, juzgados por un tribunal independiente e imparcial.

Durante y después del estado de emergencia, el mando de Carabineros, así como los subsiguientes mandos superiores, lejos de ejercer un control efectivo con el fin de prevenir o reprimir la comisión de actos violentos por parte de sus subordinados, han permitido que éstos sigan actuando de la misma forma, haciendo que el volumen de denuncias de maltrato, tortura, y lesiones oculares irreparables contra manifestantes sea constante. La no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional.

Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre. Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su por su Cuerpo de Verificación Digital y su experto en armas y municiones.

Crímenes de derecho internacional, graves violaciones de derechos humanos, intencionalidad y generalidad

1. Uso letal de la fuerza

Amnistía Internacional ha podido documentar cinco muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia constitucional que activó el presidente Piñera el 19 de octubre: cuatro a manos de funcionarios del Ejército y una a manos de carabineros. Dos de ellas fueron con armamento militar.

A través del análisis de imágenes, la organización ha confirmado que el ejército usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos. Se identificó el uso de rifles GALIL ACE y FAMAE SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal. Aunque de forma más puntual, también se ha identificado a personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y de Carabineros disparando munición viva. Este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.

En un caso, Romario Veloz, ecuatoriano de 26 años, murió después de que un militar le disparara en el cuello, mientras participaba en una pequeña marcha en la ciudad de La Serena. Al llegar a un parque de la localidad, el ejército comenzó a disparar de forma indiscriminada en contra de los manifestantes congregados. Vídeos del momento demuestran como Romario estaba caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos.

En ese mismo evento, Rolando Robledo de 41 años quedó herido en el tórax por otro disparo de un militar. Pasó varios días en coma con pronóstico grave. De acuerdo con testigos, las autoridades no auxiliaron a ninguno de los dos y el ejército volvió a disparar en contra de los manifestantes mientras intentaban socorrer a los heridos.

En Curicó, José Miguel Uribe murió después de que un militar le disparara al tórax. Minutos antes, José Miguel de 25 años participaba en un corte de calle que jóvenes de la localidad habían puesto de manera improvisada para retener el tráfico como forma de presión. Los militares llegaron y de forma sorpresiva dispararon en contra de las personas que ahí se encontraban. Según testigos, ningún uniformado prestó auxilio a José Miguel, a pesar de haber visto cómo se desplomaba.

2. Tortura y malos tratos

Una de las formas más frecuentes de lesionar a las personas manifestantes ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura – un crimen de derecho internacional. Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual.

La muerte de Alex Núñez de 39 años a manos de carabineros fue resultado de una salvaje golpiza. Alex cruzaba una manifestación para entregar un pedido en Maipú, Región Metropolitana de Santiago, cuando fue interceptado por tres carabineros que lo tiraron al suelo y patearon fuertemente en cabeza y tórax. Falleció al día siguiente por las consecuencias de los golpes en la cabeza.

Hasta el momento, la Fiscalía de Chile ha registrado un total de 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de fuerzas de seguridad, como en el caso de Josué Maureira, quien fue violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial. Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto cortopunzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual.

En un caso emblemático de tortura y malos tratos, carabineros golpearon brutalmente a una persona cuya identidad se reserva, produciéndole la pérdida irreversible de la visión en un ojo, fractura nasal, la luxación de un hombro y el quiebre de tres costillas con resultado de una lesión en un pulmón. Doce funcionarios lo atacaron cuando se manifestaba pacíficamente con una sartén y una cuchara en la plaza Ñuñoa de Santiago.

Otro caso ocurrió en la comuna Isla de Maipo de la Región Metropolitana, donde carabineros golpearon a Cristóbal Alexis “Flen” de 30 años desde el momento de su detención hasta su liberación horas más tarde. Durante el primer registro de lesiones, un oficial de Carabineros estuvo presente e impidió que el médico registrara exhaustivamente todas sus lesiones, práctica denunciada a Amnistía Internacional de forma recurrente, y que supone el encubrimiento de un delito. Cuando Amnistía Internacional le entrevistó 19 días después de los hechos, “Flen” todavía presentaba hemorragia ocular en ambos ojos y hematomas en diversas partes del cuerpo.

La organización también documentó la práctica de los carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos nueve ocasiones en las ciudades de Colina, Quilpué, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. De esta manera, un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en la localidad de Talcahuano.

Además de los casos documentados, Amnistía Internacional verificó más de 30 piezas audiovisuales que demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles de forma injustificada y sin razón aparente. Esta violencia se cometió de igual manera contra personas detenidas y sometidas; para dispersar protestas pacíficas; así como en contra de niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión, en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción.

3. Lesiones graves y armas potencialmente letales

A pesar de que el derecho internacional exige que las armas de fuego con munición potencialmente letal (con munición como perdigones de goma) sólo sean utilizadas de forma excepcional para casos donde esté en peligro la vida o integridad de una persona y de tal forma que se cause el menor daño posible, Amnistía Internacional ha registrado el uso constante e inadecuado de escopetas en contextos de protesta.

Adicionalmente a un caso de muerte por perdigones, la organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes. Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza.

Kevin Gómez de 24 años, falleció según el parte médico por una “herida torácico pulmonar producto de múltiples proyectiles” el 21 de octubre en la localidad de Coquimbo. De acuerdo con testigos, un militar disparó a Kevin sin mediar palabra y a corta distancia con una escopeta de perdigones, a pesar de que el joven se encontraba desarmado.

En un caso, una niña de 15 años recibió múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento, mientras ésta se encontraba en una concentración pacífica en la localidad de Cerrillos en la Región Metropolitana. Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello. 

En otra ocasión, un joven de 24 años recibió 18 perdigones de un disparo por un carabinero mientras caminaba por una calle de la capital grabando el actuar policial. En ese mismo video se escucha cómo reclama a los carabineros por haber agredido a un amigo suyo, cuando un oficial responde disparándole a quemarropa y hacia la parte superior de su cuerpo causándole heridas en ambas piernas, brazos, tórax, nariz y ojo, con resultado de trauma ocular severo.

Asimismo, se ha corroborado el uso de gas lacrimógeno de manera inadecuada y en cantidades alarmantes en al menos 11 eventos, así como en hospitales, universidades, viviendas e incluso colegios, afectando seriamente a niños, niñas, adolescentes y otras poblaciones que requieren especial cuidado. Su lanzamiento al cuerpo de las personas a corta distancia y a través de lanzagranadas como los Penn Arms L137-3, ha generado lesiones severas, entre ellas oculares.

A Natalia Aravena, de 24 años, un oficial de Carabineros le disparó sin previo aviso una bomba lacrimógena que impactó su ojo derecho mientras se manifestaba de forma pacífica. Natalia forma parte de las decenas de personas que han sufrido daño ocular severo ya sea por impacto de bomba lacrimógena o por un cañonazo de agua en contextos de manifestación.

También se ha identificado el uso de granadas de humo que pueden ser extremadamente tóxicas y están diseñadas para su uso en conflictos armados y, por ende, son inadecuadas para el control de manifestaciones. Este supuesto ocurrió el día 14 de noviembre en Temuco, cuando personal médico y de rescate fue atacado con un cañón lanza aguas y una granada de humo mientras socorrían a personas heridas.

Limitación del trabajo de personas defensoras de derechos humanos

Durante el mes de crisis en Chile un sinfín de movimientos y organizaciones de derechos humanos han estado atendiendo a personas heridas, velando por el respeto de personas detenidas y dando seguimiento a casos ante los órganos de justicia.

Sin embargo, en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico, impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios, como ocurrió en el Hospital público de urgencias “Posta Central”, donde entre los días 21 y 22 de octubre se impidió la entrada de funcionarios del INDH, a pesar de haber decenas de heridos a manos de agentes del estado. En el mismo sentido, Amnistía Internacional conoció casos de personas golpeadas o lesionadas con disparos de perdigones mientras prestaban primero auxilios, así como activistas y defensores amenazados por realizar su trabajo.

La situación en Chile no puede seguir así. Las autoridades deben velar porque las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir haciendo su trabajo libremente, sin ningún tipo de presión, amenaza ni represalia 

En este sentido, el día 29 de octubre el funcionario del INDH Jorge Ortiz recibió seis perdigones mientras realizaba sus labores de observación en una manifestación que tenía lugar en una plaza de Santiago junto con otros miembros de su equipo. A pesar de que todos estaban plenamente identificados con el uniforme amarillo de la institución y a la vista de carabineros, uno de los oficiales disparó contra Jorge sin ninguna razón, y sin prestarle auxilio posterior.

“La situación en Chile no puede seguir así. Las autoridades deben velar porque las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir haciendo su trabajo libremente, sin ningún tipo de presión, amenaza ni represalia,” dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

“Lamentablemente las violaciones ocurridas durante esta crisis no son nuevas y habían sido reiteradamente denunciadas por Amnistía Internacional y el resto de la sociedad civil chilena durante los últimos años. Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales”.

En base a esta investigación, Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones preliminares:

1. Las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia. Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión y solo se recurra a ellas de manera puntual y ante una amenaza clara y manifiesta para la vida e integridad física de quienes protestan o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.  
2. Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales.
3. 3. Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas. Se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas, sin discriminación y con especial atención a las personas en mayor situación de desprotección, así como asegurar un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva constitución que proteja y promueva todos los derechos humanos.
4. Las autoridades deben emprender una reforma seria y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas.  

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Carlos Mendoza (Amnistía Internacional Américas): carlos.mendoza@amnesty.org

Ilsen Jara: (Amnistía Internacional Chile): ilsen.jara@amnistia.cl

Un estudio de la Universidad Austral de Chile (UACh) ratificó el informe que apunta a la presencia de plomo en los perdigones utilizados por personas de Fuerzas Especiales durante las manifestaciones.

El análisis, solicitado por la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la casa de estudios, utilizó tres muestras para determinar su composición.

En la parte de los resultados, el documento señala que “Los análisis MEB-EDX realizado en la UACh confirman resultados obtenidos por otro estudio independiente de la Universidad de Chile. Nuestras observaciones indican que los 3 perdigones contienen la misma variedad de componentes microscópicos no orgánicos”.

A través del análisis EDX y un mapeo químico, se llegó a la conclusión que en los perdigones predominan la presencia de óxido y sulfato de plomo, sulfato de bario y sílice.

“También estos perdigones contienen compuestos de Fe-O (posiblemente ferrita o magnetita considerando el magnetismo de los perdigones evidenciado al acercar un imán), Ca-O (posiblemente carbonato), Mn-Ba-O y escasa cromita. Estos componentes adicionales no fueron mencionados en el estudio de la Universidad de Chile”, agregó el informe.